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Entre múltiples acusaciones, Mier culpa a Creel del ingreso de la escolta armada a San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados que preside el morenista Ignacio Mier responsabilizó al panista Santiago Creel como presidente de la Cámara de Diputados del ingreso de una escolta armada a San Lázaro este miércoles durante la apertura del periodo ordinario y de que la sesión se condujera de manera accidentada.

En un posicionamiento público, la Jucopo acusó a Creel de actuar de manera improvisada y de haber decidido el protocolo de manera unilateral, y lamentó que vulnerara las prerrogativas de los legisladores.

En el pronunciamiento publicado este jueves, la Jucopo reseñó que durante la sesión del miércoles de instalación del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se suscitaron “hechos inéditos derivados de la conducción del Presidente de la Cámara de Diputados”, quien a su vez funge como Presidente del Congreso General, por disposición de la Ley Orgánica del Congreso General.

En primer lugar, la Jucopo lamentó que el protocolo de la ceremonia de instalación del Congreso General haya sido decidido “de manera unilateral por el Presidente de la Cámara, sin tomar ningún tipo de acuerdo ni haber hecho las comunicaciones con los órganos de gobierno de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión”.

“El presidente (de la Cámara) invitó al Ejército mexicano a la ceremonia de instalación del Congreso y no tuvo el cuidado de garantizar la correcta observancia de la norma interna del Congreso. La escolta del Ejército mexicano ingresó armada al Recinto Legislativo de San Lázaro”, señala la Jucopo.

En su posicionamiento recuerda que el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados dispone que el Recinto es el conjunto arquitectónico que alberga la Cámara, incluyendo Salón de Sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás bienes nacionales destinados para el funcionamiento de la Cámara.

“De manera improvisada, y sin acuerdo con ninguna de las fuerzas políticas representadas en las cámaras legislativas, impuso que se hicieran los honores a la Bandera en el vestíbulo de San Lázaro, argumentando que no podía permitir el ingreso de armas al Recinto.

“En aseveraciones a título personal el presidente confunde el Recinto Legislativo con el Salón de Plenos; su decisión no consensuada implicó que no se velara por la inviolabilidad de la Cámara de Diputados como lo establece el numeral 2 del artículo 25 del Reglamento”, añadió la Jucopo que preside Ignacio Mier.

Destacó que el artículo 12 de la Ley Orgánica señala que los recintos del Congreso y sus Cámaras son inviolables y toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.

“Estos hechos provocaron que la sesión del Congreso General se desarrollara de manera accidentada. El presidente contribuyó al desarrollo de una sesión en la que de manera unilateral negó la palabra a un legislador que con pleno derecho solicitaba hacer las aclaraciones que consideraba pertinentes.

“La Junta de Coordinación Política se pronuncia en contra del atropello de los derechos constitucionales y legales de las legisladoras y legisladores y lamenta que el Presidente de la Cámara haya conducido la sesión vulnerando las prerrogativas que les corresponden”, señaló la Jucopo.

Finalmente llamó a Creel para que en lo que resta de su mandato se conduzca con pleno apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, garantice la unidad de la Cámara, vele por la inviolabilidad del Congreso y busque “el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara, haciendo prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo”. 

Finalmente llamó a evitar mensajes que “a título personal ponen en riesgo la institucionalidad, el buen gobierno y la gestión de los asuntos parlamentarios por el bien de nuestra nación”.

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