Comisión de Derechos Humanos exige reparación integral y reapertura de investigación tras atropellamiento de joven por vehículo oficial en Tehuacán

Una joven de 16 años resultó gravemente herida tras ser atropellada por un vehículo oficial del Ayuntamiento de Tehuacán mientras esperaba el transporte público. A pesar de que el incidente ocurrió en presencia de testigos y el vehículo contaba con placas identificables, las autoridades del Ministerio Público no proporcionaron información sobre el conductor, temiendo que se iniciara una investigación en su contra.

Dada la gravedad de la situación, la Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH) emitió la Recomendación 31/2024, exigiendo al gobierno municipal y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que cubran los gastos médicos, quirúrgicos y psicológicos de la víctima. También solicitó la reapertura de la investigación para determinar responsabilidades por el delito de lesiones. Aunque el accidente ocurrió en 2021, la CDH destacó que los derechos de la joven aún no han sido reparados, ya que no solo sufrió daños físicos, sino que también se le negó el acceso a la justicia, la verdad y una reparación integral. A pesar de que la víctima ya ha cubierto los gastos de su tratamiento, la recomendación establece que el gobierno municipal debe reembolsar los costos de su recuperación, dado que el conductor del vehículo oficial, que circulaba a exceso de velocidad, fue el causante del atropellamiento.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:20 horas cuando el vehículo oficial, que iba a alta velocidad, atropelló a la joven. Después de causar el impacto, el conductor abandonó el vehículo y huyó del lugar, lo que provocó la intervención de la Comisión.

La CDH calificó al Ayuntamiento de Tehuacán como omiso en el resguardo de la unidad, lo que contribuyó al atropellamiento y dejó a la víctima con graves lesiones, como contusión pulmonar, contusión cardiaca, traumatismo en tórax y traumatismo craneoencefálico. Estas heridas afectaron su bienestar físico y psicológico, alterando su proyecto de vida de forma irreversible.

Uno de los aspectos más graves del caso fue la falta de apoyo de la Fiscalía. A pesar de las evidencias de las lesiones sufridas por la joven, el Ministerio Público se negó a proporcionar información sobre el conductor y a llevar a cabo las diligencias necesarias. La familia de la víctima relató que, al solicitar detalles sobre la investigación, los agentes les dijeron que ya no se podía hacer nada y que el vehículo oficial sería devuelto sin consecuencias. «Mis familiares y yo nos presentamos ante el agente del Ministerio Público, quien nos dijo que ya no se podía hacer nada, que el vehículo oficial sería devuelto», comentó un familiar de la víctima.

La recomendación de la CDH insta a la FGE a reabrir la investigación y a fincar responsabilidades, subrayando que las omisiones de las autoridades tuvieron un impacto directo en la vida de la víctima, impidiéndole acceder a una reparación integral del daño. Entre las medidas solicitadas se incluye la cobertura de los gastos médicos, una compensación económica por los daños sufridos y la reapertura de la investigación con un enfoque que considere la vulnerabilidad de la joven al ser menor de edad.